Escribe Germán Mangione.

De nuevo la extorsión. Como sucedió cada vez que el estado, en cualquiera de sus niveles y con cualquier bandera política, quiso ejercer el derecho de modificar el sistema impositivo para que quienes más ganan pongan un poco más, llega la extorsión.

Nos referiremos a los planteos realizados por los representantes de las industrias aceiteras de nuestra región, agrupados en CIARA, la UCI y el Concejo Agroindustrial Argentino, quienes ante la quita del diferencial de retenciones que efectivizó el gobierno esta semana comienzan a hablar del impacto en el empleo que podría generar.

Cada vez que un gobierno ha querido poner en discusión las ganancias extraordinarias del sector, provocadas como ahora por coyunturas externas como el aumento internacional del precio de los commodities, este sector amenaza a nuestras comunidades con golpear lo más valioso y necesario que tenemos: el trabajo.

Sucede ahora con el gobierno de Alberto Fernández, pero también sucedió en octubre de 2018 cuando Macri acorralado por la falta de dólares quitó este mecanismo que hace que las industrias procesadoras de aceite y harina de soja paguen menos retenciones que quienes exportan el poroto sin procesar.

¿Realmente los dueños de las industrias aceiteras quieren que creamos que no son capaces de dejar de facturar 400 millones de dólares (que es lo que representaría en 2022 la quita del diferencial) en el año, sin tener que resentir el empleo?

Estamos hablando de empresas que el año pasado exportaron 32 millones de toneladas de los subproductos derivados del proceso de molienda de la soja (26M de harina y 6 de aceite).

Estamos hablando de monopolios como Viterra (Glencore), Aceitera General Deheza, Molinos Agro, Cargill, Bunge, Dreyfus y Cofco, que componen el ranking de las que más exportan subproductos.

Estamos hablando de todo un sector, el agroexportador que además de la industria incluye a quienes exportan granos, que durante el último mes de febrero liquido la suma de u$s2.500.397.358,00; el mejor mes de febrero de los registros de los últimos 20 años.

Una facturación de 3,7 millones por hora, lo que implica que en 108 horas, o 4 días y medio que es lo mismo, ingresa en el sector el monto que van a “ceder” al estado por todo el año.

Monto que por otro lado hasta ahora era una transferencia desde los bolsillos de los productores al de la industria, porque los primeros siempre pagaron las retenciones al 33% al venderle a la industria que después la exportaba con el 31% de retenciones por este diferencial que está en discusión.

Un problema político

A esta altura queda cada vez más claro que el problema no es económico, sino que es un problema político. Y que la discusión tiene que ver no con este monto de 400 millones de dólares, sino con el intento por parte de la agroindustria de no permitir que se siente un precedente de cara a las ganancias extraordinarias que gracias a los precios internacionales proyecta capturar el sector (mucho más que esos 400 millones) y no tiene ninguna intención de que el estado intervenga o tome una parte. Ganancia que por otro lado no tiene que ver con inversiones, o costos del sector agropecuario (que produjo lo que ahora vende con precios menores a los actuales), sino que es puramente producto de condiciones internacionales.

Y queda claro también que el estado no va a resolver los problemas profundos del país con esta medida, pero la cuestión va más allá.

Para poner de pie a la Argentina hace falta un cambio de rumbo del gobierno que concentre las ganancias extraordinarias que genera el sector en medio del aumento de los commodities hacia la diversificación productiva y la industrialización con las Pymes a la cabeza para generar empleo de calidad. Porque si lo que captura el gobierno mediante impuestos va a parar a los bolsillos del FMI para pagar la estafa del macrismo, será una nueva oportunidad perdida.

El silencio no es salud

Por todo esto es que el debate en cuestión es un tema meramente político, que enfrenta por un lado a la economía concentrada y por otro a las grandes mayorías y sus necesidades. En ese marco lo que preocupa son algunas opiniones, posicionamientos y sobre todo, silencios políticos en nuestra región y en nuestra provincia.

Uno esperaría que a esta altura este más claro entre los representantes políticos de nuestra región la legitimidad del estado para redireccionar las ganancias extraordinarias de un grupo de monopolios concentrados, en su mayoría de capital extranjero, mediante una política impositiva progresiva que apunte a generar desarrollo y empleo.

Pero no parece ser lo que sucede. Ya la semana pasada el ministro de Producción de Santa Fe Daniel Costamagna, en sintonía con el gobernador Omar Perotti, rechazaron el cierre de exportaciones y el aumento de retenciones.

En nuestra región por el contrario lo que reinó entre los referentes políticos (como suele suceder en estos temas) es el silencio absoluto. Son temas de los que no se habla por más que sucedan en el corazón de nuestra región y afecten a nuestros vecinos y vecinas.

Pero incluso si incluso pudiese ser discutible o “no merecer la opinión” de los dirigentes políticos regionales que las ganancias extraordinarias de un pequeño sector de la economía concentrada, hechas en base al trabajo de miles de santafesinos y santafesina, deban ser volcadas a generar empleo y más industrialización (no solo vinculada a la agroindustria), la extorsión de las aceiteras amenazando con despedir gente debería generar un rechazo al unísono de todo el arco político.

Y sin embargo el repudio de la política no sucede. O por lo menos no públicamente. Y esto es grave porque allí reside el poder de estos monopolios. En el disciplinamiento de la opinión pública y la política, y así la orientación de las políticas públicas en favor de sus intereses.

Quienes se enriquecen con el trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestra región, utilizan la infraestructura que proporciona la Argentina, privatizan el acceso a nuestro río y su utilización, monopolizan el ingreso de divisas, amenazan:“si no me quedo con todas las ganancias, incluso las extraordinarias, voy a generar un desastre social echando gente”.

¿Cómo vamos a pensar en poner a la región y al país de pie si ante el menor intento de una política pública progresiva los monopolios se ponen en pie de guerra y nuestros representantes no dicen nada?

Un terrorismo social que intenta disciplinar la opinión de las mayorías y de la política a través del miedo. Algo que quienes entendemos a la política como una herramienta para mejorar la vida de la gente no podemos permitir. No solo porque no es justo, sino porque no nos permite pensar en las verdaderas políticas necesarias para generar empleo, orientando la administración de nuestras riquezas (porque somos los santafesinos quienes las producimos) hacía nuestras grandes necesidades.

Discutir estos temas y que hacemos con las riquezas que generamos es proteger el trabajo. No solo el que hoy tenemos, sino el que podemos generar para la Argentina que soñamos, con pleno empleo, con miles de industrias, y con ningún compatriota sin un plato de comida en la tierra de la cosecha de alimentos récord.