El Frente Social y Popular de Santa Fe, del que formamos parte, emitió un comunicado sentando posición en contra de la antiobrera y entreguista reforma planteada por el macrismo en torno al mundo laboral. A continuación transcribimos la declaración completa.

El gobierno de Mauricio Macri, con resultados favorables en las últimas elecciones como telón de fondo, pretende avanzar en una serie de reformas (tributaria, fiscal, laboral, de salud, educativa, previsional), con el supuesto objetivo de “mejorar la competitividad” de las empresas y así generar más empleo y mejores condiciones de vida de la población en general.

Entre los anuncios formales sobre cuestiones fiscales y los borradores que circulan de la reforma laboral, no hay medidas en beneficio de las grandes mayorías y de los trabajadores y trabajadoras.

Basados en la vieja receta (y viejo cuento) liberal de que “si le va bien a las empresas, nos va bien a todos”, el paquete de medidas exige sacrificios a los de abajo para que ganen mucho más los de arriba.

Pero estas medidas no están presentadas así, sino que a cada una el gobierno la disfraza con supuestas metas de desarrollo para el conjunto. Habla de “pobreza cero”, de terminar con la precarización laboral y el trabajo en negro y de avanzar hacia una “Argentina del futuro”.

Sin embargo, como ya lo demostró en estos dos años, el objetivo siempre es que ganen los grupos económicos concentrados. Por ejemplo el blanqueo de capitales, para el que el gobierno usó como escudo una módica reparación histórica a los jubilados, y así lograr finalmente el blanqueo de millones de dólares entre los que estaban los capitales, ilícitamente ocultados del fisco, de amigos, testaferros y parientes de funcionarios.

Hablan como si fueran los voceros de la defensa de las pequeñas y medianas empresas y el empleo, pero con una economía sostenida casi exclusivamente con el endeudamiento externo, que alienta la timba financiera, sumado a la apertura indiscriminada de importaciones, la caída del consumo y los tarifazos, han sacado del mapa productivo a miles de PYMES, una de las principales fuentes laborales de Argentina.

El gobierno, y las empresas que apoyan estas medidas abiertamente, argumentan que la causa de todos los males, de la falta de crecimiento y de la ausencia de inversiones, son los costos laborales. Y por eso, en el borrador que hicieron circular estas semanas solo aparecen medidas que apuntan a restringir históricos derechos laborales como las indemnizaciones, la jornada de 8 horas, la seguridad social o las condiciones de trabajo. Además apunta, apoyado en el desprestigio de la dirigencia sindical, a subordinar a la organización y la representación gremial.

El resto de las medidas son lisa y llanamente concesiones a las grandes empresas en la idea de “mejorarle la competitividad” a cualquier costo. Es el caso de la escandalosa transferencia de 140 mil millones de pesos, desde las arcas del estado a las empresas, que implicaría la rebaja de los aportes patronales que está planteado en el borrador de la reforma.

El intento de modificar la forma de actualización de los haberes de los jubilados descargará sobre nuestros viejos y viejas un ajuste brutal, de más de 100 mil millones sólo en 2018, para solventar un problema de déficit fiscal que el gobierno agravó en estos dos años con medidas como la eliminación/reducción de las retenciones a minería y agro.

A su vez es preocupante el anuncio sobre la cobertura universal de salud (CUS) ya que forma parte de un proceso que intenta reformular el sistema sanitario de nuestro país, y significará que la salud pública como derecho constitucional sea reemplazada por la instalación de un gran mercado desregulado de seguro de salud que amplíe brutalmente la desigualdades de acceso y calidad. Es por esto que convocamos a la Audiencia Pública sobre este tema, que impulsamos en la Legislatura Provincial para el próximo 29/11.

Nuestra provincia es una de las que más claramente sentirá el impacto negativo de este paquete de medidas. Con una reforma tributaria que quiere recortar, o hasta eliminar, impuestos provinciales como es el caso de los Ingresos Brutos, Santa Fe pasaría a depender casi exclusivamente de la caja central de la Nación, ya que este impuesto implica hoy el 70% de nuestra recaudación. En una provincia en la que ya vemos recortadas nuestras potestades económicas y nuestras posibilidades de desarrollo por exportadoras multinacionales cerealeras y aceiteras que ni siquiera pagan ese impuesto, pero que sacan desde aquí el 80% de la producción nacional exportable, perderíamos el poco margen de maniobra que hoy tenemos ante la histórica falta de federalismo económico que sufrimos.

Por otro lado Santa Fe concentra, en sus centros urbanos, a una gran parte de los trabajadores y trabajadoras del país, y las reformas laborales y previsionales planteadas nos impactarán de lleno en forma negativa.

Para que estas medidas puedan avanzar el gobierno sabe que necesita dividirnos. Es por eso que apoyados en la justa bronca hacia algunos dirigentes sindicales y la corrupción política, y con el apoyo de la corporación judicial y mediática, promueven la apatía así como la ampliación de “la grieta” entre los de abajo.

Desde el Frente Social y Popular estamos convencidos que son momentos de construir la más amplia unidad en todos los terrenos para enfrentar estas políticas que pretenden borrar de un plumazo conquistas que nos costaron como pueblo decenas de años y de luchas.

Es solo desde nosotros y nosotras, las grandes mayorías, desde donde construiremos la fuerza colectiva para resistir, y saldrán las soluciones para avanzar en una patria más soberana, justa y solidaria.

No es quitándole derechos a los trabajadores, sino todo lo contrario, como podremos terminar con la pobreza, la desocupación, y el hambre que hoy sufren muchos compatriotas. Se hace fundamental hoy defender cada derecho laboral de los sectores más formalizados, así como acompañar cada lucha y conquista de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Estamos convencidos que necesitamos más presencia estatal, y no menos, que quienes más tienen son quienes más pueden y deben pagar para que sea posible un desarrollo equitativo y un crecimiento sostenido de la economía.

Una reforma tributaria en serio que ponga en discusión como se reparte el producto bruto geográfico, es decir, lo que producimos los habitantes mayores de 18 años en la provincia, que alcanza casi 500 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto provincial para el año 2017 es de apenas 154 mil millones.

Terminar con las exenciones impositivas positivas de bienes personales, y las exenciones impositivas a las grandes empresas votadas en el presupuesto nacional 2017, que representa 314 mil millones de pesos.

Necesitamos estimular el consumo y la producción, con la quita del IVA a los productos de consumo básicos de nuestro pueblo y el crédito a las PYMES.

Como FSP nos sumamos a la convocatoria que llevan adelante distintos gremios este próximo 6 de diciembre en una Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral, con paros movilizaciones y cortes de ruta, que incluye una marcha a Plaza de Mayo.

Y nos ponemos a disposición para lograr la más amplia confluencia de todos los sectores sociales, sindicales, políticos que estamos dispuestos a enfrentar estas reformas en nuestra provincia en próximas jornadas, entendiendo que hay que construir una gran movilización multisectorial que deje en claro que el pueblo santafesino se opone a estas reformas y va a defender los derechos conquistados así como la necesidad de un futuro mejor para todos y todas.