Con la devaluación de diciembre de 2015, y la consecuente inflación promedio del 41% en 2016, los salarios registrados perdieron en promedio un 8%. Como todo promedio eso oculta que hay sectores de trabajadores formales que perdieron más y otros algo menos.

En este cálculo no entran los trabajadores no registrados (“en negro”), que constituyen un 35% de la fuerza laboral (unas 4,5 millones de personas sobre un total de 12,5 millones). A estos trabajadores afecta de manera directa la fijación del salario mínimo, que en 2016 tuvo un aumento de apenas un 25% –de $6.060 en 2015 a $7.560 en septiembre de 2016–. Así sus salarios perdieron un 16% en el año.

La mayoría de los economistas acordes con la política económica del macrismo dicen que el aumento de salarios no hay que discutirlo sobre la inflación pasada, sino sobre la inflación futura, por lo que aceptan que los aumentos se hagan incluso en cuotas y, en todo caso, que se agreguen compromisos de ajuste si la inflación es mayor a la prevista. Dicen que negociando un 2 o 3% por sobre la pauta inflacionaria, vamos a tener una recuperación del salario real en 2017, que reactivaría el consumo hacia mediados del año.

Pero eso implica que los trabajadores deban aceptar que se siga manteniendo en el tiempo el robo de los salarios producido en 2016. Es lo que acordaron jerarcas sindicales como Cavalieri (Comercio), y lo que se pretende imponer a los trabajadores de la educación.

Peor aún es la situación de los trabajadores “informales” ya que el aumento del salario mínimo para 2017 ha sido de apenas un 7%, de los $7.560 a fines de 2016 a los $8.060 actuales. Si el año pasado sus salarios perdieron un 16%, ya con la inflación que hubo en el primer trimestre de 2017 siguen perdiendo igual que antes.

Demás está decir que algo semejante ocurre con los ingresos de otros sectores de trabajadores, cuya “actualización” en promedio no alcanzó al 32%, 9 puntos por debajo de la inflación del 41%, como sucede con las jubilaciones y pensiones, la asignación universal por hijo o los distintos planes de empleo.

Todo esto es lo que explica que el consumo privado haya caído en 2016 mucho más que la caída del salario real en los sectores bajo convenio. En el caso de alimentos y otros bienes básicos que las familias trabajadores no pueden dejar de comprar, encima con el recargo del 21% del IVA, las ventas cayeron en términos reales más de un 10%. Los economistas que postulan una “recuperación” de los salarios convencionales del 2 o 3%, aceptando que se continúe el robo de los salarios de 2016, mienten cuando dicen que eso provocará una importante reactivación del consumo.

Para que esto suceda, aunque sea a los bajos niveles de 2015, es preciso exigir que los aumentos salariales de paritarias sean por lo menos de un 30%, por supuesto que tomando también el recaudo de una actualización trimestral automática si el índice de inflación supera el techo del 17% anual pautado por el gobierno, que ni los enamorados de su política creen se pueda lograr. La lucha de las paritarias no sólo es económica sino principalmente política, ya que el robo a los salarios es parte de política del gobierno que viene de la mano de las leoninas tasas de interés del Banco Central, cargando su costo sobre los trabajadores y los sectores productivos, sobre todo a las Pymes, que son las que más sufren el bajón del consumo. Con ello se aumenta el traslado de ingresos hacia el sector financiero especulativo, particularmente a través de las Lebacs (al cierre de 2016 ya montaban a $630 mil millones que, en un año al 24%, implica tener que pagar $150 mil millones en intereses).

Si se usa semejante cantidad de plata para alimentar la bicicleta financiera, ¿cómo va a haber plata para recuperar de verdad los salarios y demás ingresos de los trabajadores y menos para reactivar el consumo y las inversiones productivas?