En el marco de la muerte de dos jóvenes, víctimas de la metanfetamina en una  “fiesta electrónica” en Arroyo Seco, se generalizó en el pueblo y en los medios el debate sobre el flagelo de la droga.
Las valientes denuncias de Carlos del Frade sobre el narcotráfico y sus consecuencias. Los aportes de luchadores sociales con  el Padre Belay o el psicólogo Horacio Tabares, prepararon un terreno, que se amplió cuando los padres de una de las chicas muertas dijeron ante todos los medios:

“Nuestra hija no era drogradicta, cometió un error y lo pagó con su vida. Pero no vemos que paguen los que hacen fortunas vendiendo la droga y los que tendrían que controlar que esto no suceda y hacen la vista gorda. A los que nos  han ayudado en estos momentos difíciles, y sobre todo a los jóvenes les decimos que la droga no es necesaria”. Colocando a la defensiva  a los que sostienen que el problema no es la droga  y que solo se pueden reducir los daños.

En esta situación y revisando posiciones anteriores, y actitudes que rozaron la tolerancia con la droga,  el estado provincial santafesino presentó esta semana el plan Abre Vida, un programa Integral para el Abordaje de los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones, y anunció el envió a la Legislatura de una ley sobre el tema basándose en proyectos ya presentados por senadores y diputados, entre los que se encuentra el proyecto de Emergencia Provincial en Adicciones presentado en noviembre por la diputada del Frente Social y Popular Mercedes Meier.

En un claro reconocimiento a la falta de políticas de estado, y a la ausencia tanto del Estado nacional, como el provincial y los municipios y comunas en lo referente al tratamiento de las adicciones, el gobernador Miguel Lisfchitz llamó a construir una política de “prevención, de tratamiento, de acompañamiento, de cuidado, de protección, y de inclusión de los sectores sociales que están afectados por las problemáticas de las adicciones”.

El anuncio se da meses después de que el gobierno nacional, por presión de las organizaciones sociales, políticas y religiosas nucleadas en la campaña “Ni Un Pibe Menos Por La Droga”, declare la Emergencia Nacional en Adicciones, y se da también luego de casi un año de gestión, con muchos anuncios y ninguna política real más allá de la creación de Aprecod(Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones), organismo que sin ningún resultado ni política concreta aplicada, tuvo incluso la renuncia a finales del año pasado su directora Mónica Liborio, hoy remplazada por Cecilia Nieto.

Días antes de la declaración de la emergencia nacional la diputada del PTP en el Frente Social y Popular Mercedes Meier, junto a su par Carlos Del Frade, presentaron en la legislatura provincial un proyecto de declaración de Emergencia Provincial en Adicciones, que partiendo de la campaña Ni un pibe menos por la droga, desarrolla un plan de prevención masivo, con campañas públicas, formación de preventores comunitarios en adiciones, fomento de programas educativos, aumento del presupuesto provincial destinado al área (en 2016 se destinaron menos de 0,5 centavos por cada 100 del presupuesto provincial), ampliación de los programas y los centros ya instalados y creación de nuevos centros de tratamiento.

El proyecto pone especial énfasis en la participación de las organizaciones sociales en el diseño, desarrollo y control de la política de adicciones con la creación de una comisión de seguimiento de las políticas con participación activa de las organizaciones y la creación del Registro de Organizaciones de Lucha contra la Droga, atendiendo a la importante experiencia que estas han desarrollado en los territorios ante la ausencia total del Estado.

Sobre este punto el proyecto de Meier impulsa además  un concejo en el que junto a funcionarios provinciales, las organizaciones sean parte de las decisiones y la aplicación de la emergencia.

Paralelamente a la discusión legislativa, en Rosario se conformó y se hizo público la semana pasada el Foro de Adicciones Rosario que agrupa a organizaciones sociales, políticas y religiosas como la CCC, Doblar el Viento, la corriente de Salud Salvador Mazza, el centro comunitario de salud mental Vínculos, el centro de prevención y tratamientos AVCD, la asociación Nazaret, la red Federal de Madres Territoriales contra la droga, el SIPRUS (Sindicato de Profesionales de la Sanidad), el centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, el ALDE y la asociación Padre Misericordioso dirigida por el cura Fabián Belay, presidente de la Pastoral Social de la Drogadependencia de Rosario, entre otras. Del foro también participan la diputada Mercedes Meier y el diputado provincial por la CC-ARI, Ariel Bermudez.

En la presentación a la prensa del mismo, realizada el lunes 9 de enero, se hizo público un programa con 13 puntos consensuado entre todas las organizaciones, como necesarios para una política de estado en el tema adicciones.

Entre los principales se encuentra la declaración de emergencia provincial y municipal en adicciones, la elaboración de programas educativos con desarrollo de la problemática, la creación de nuevos centros de adicciones, el aumento presupuestario, la implementación de dispositivos interdisciplinarios de atención las 24 horas en los hospitales generales, la capacitación específica de los trabajadores de la salud, la creación de protocolos de actuación en urgencias en los tres niveles de la salud provincial y el fomento de la formación de preventores comunitarios de salud especializados en el tema adicciones.

En la declaración del foro también se exige como medida necesaria para enfrentar las adicciones la creación de polideportivos y centros culturales, así como la generación de programas de trabajo nacionales, provinciales y municipales para dar nuevas oportunidades a los jóvenes.

Tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, las iniciativas y la lucha de las organizaciones ha logrado poner en agenda el drama que viven miles de jóvenes a lo largo y ancho del país. En nuestra provincia un gran movimiento con expresiones en Casilda, San Javier, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe y ahora Rosario impulsa desde abajo la lucha contra la droga.

Ese movimiento y su masificación será también el garante de que los recientes anuncios nacionales y provinciales se transformen en políticas reales en el camino por que no haya “Ni un pibe menos por la droga”.