La situación en Sancor es producto de una política lechera que estimula la concentración, y afecta directamente a sus 4.000 obreros y más de 1.400 tambos.
Habría que aclarar que aquello que parece una verdad incuestionable en realidad ha sido una máscara que sirvió en estos últimos años para tapar el desguace de una empresa que no solo genera empleo directo a más de 6.000 familias, sino que marca los precios de referencia tanto de la leche en góndola como el que se le paga al productor en la puerta del tambo en la región y el país.
A pesar de mantener una estructura legal de cooperativa con miles de asociados, Sancor ha sido controlada por grupos gerenciales financieros que desarrollaron negocios paralelos. Es imposible explicar cómo originados en la misma ciudad y con el mismo nombre, Sancor salud y Sancor seguros son dos empresas líderes en Argentina y América Latina, con facturaciones record como por ejemplo los $1058 millones que ganó solo en 2016, Sancor Seguros Argentina.
Las innumerables crisis financieras por las que ha atravesado la empresa son expresión de este manejo gerencial que no obedece como muchos quieren hacer creer al hecho de ser una “cooperativa”, sino más bien a una política de concentración y diversificación del capital acumulado en desmedro del productor tambero (cooperativista). Que, oh casualidad, es quien deberá junto a los obreros pagar los platos rotos de un eventual cierre, venta o “reestructuración de la empresa.
Sancor en los últimos tres años ha vendido dos ramas importantísimas de su producción que explican los mayores ingresos por ventas de la empresa. Por un lado, el sector de leche maternizada a la empresa norteamericana Mead Johnson, primera exportadora mundial de este producto y principal proveedora del mercado chino, que recientemente ha sido comprada por una empresa británica (Reckitt Benckiser). Por el otro lado, el de postres y productos frescos, vendido el año pasado por 100 millones de dólares al grupo Vicentín, propietario de varias empresas importantes de nuestra provincia.
El Estado ha sido el gran garante de esta situación en distintos momentos y con distintas políticas. El gobierno kirchnerista sostuvo esta estructura empresarial que con la baja de los precios internacionales ha entrado en crisis. Y ahora el macrismo que apunta a entregar al mejor postor esta empresa clave en nuestra economía y nuestra producción.
El papel del Estado
El Estado nunca decidió intervenir para regular la cadena, fijando un precio mínimo sostén y un precio máximo en góndola. Por el contrario, aprobó salvatajes financieros, créditos e incluso fue testigo cómplice de la incorporación de capitales monopólicos que se fueron apoderando (Mead Johnson en 2012 y Vicentin Family Group en 2016) de este importante sector de la producción y la industria argentina cada vez más librado a los vaivenes del mercado mundial y la política concentradora local.
La política lechera en nuestro país estimula la concentración, monopolizando los precios y la industrialización de la materia prima. Sancor y La Serenísima fijan el valor de la leche en la puerta del tambo y en la góndola de los supermercados por lo que productores y consumidores han sido siempre rehenes del devenir de estas empresas.
Estas políticas propias de un país dependiente como el nuestro muestran que por más que los gobiernos nacionales y provinciales se llenen la boca de progresismo o falso reformismo levantando discursos soberanos defensores de nuestra industria y nuestra producción, los únicos que avanzarán si no se toman medidas de fondo serán los terratenientes como Soros, que acaba de comprar 3 mil hectáreas más llegando a las 14 mil de arroz en Colonia Mascias y es dueño del tambo más grande de Santa Fe en Venado Tuerto con 6.000 vacas lecheras; o Vicentín que encabeza la bolsa de comercio de Rosario y sigue acaparando empresas en ramas claves de nuestra economía. En tanto, La Serenísima anunció el cierre de su planta clasificadora de leche cruda en Rufino, debido al “estancamiento en la actividad” y a la “caída en el recibo de materia prima”, sumado al descenso de las ventas a Brasil, los tarifazos y otros factores.
Por eso es imperante que tanto el Estado nacional como provincial aborden el problema integralmente y no como una cuestión de coyuntura. Es necesario regular la cadena lechera poniendo por delante los intereses del conjunto del pueblo argentino: productores con precios sostén, obreros con sueldos dignos y consumidores con precios justos.
Desde el PCR junto al PTP y al FSP trabajaremos activamente para unir las fuerzas obreras y campesinas en defensa de nuestra soberanía ante la política de entrega impulsada por el gobierno nacional exigiendo medidas de fondo para un nuevo modelo lechero en Argentina.