«La situación que vivimos las mujeres es desesperante en lo que respecta a la violencia. Hoy ser joven y mujer en la Argentina pasó de ser un factor de riesgo a ser mortal. Las estadísticas que se pudieron construir por fuera de los espacios oficiales sobre la cantidad de mujeres asesinadas en los últimos años son realmente horrorosas», explica la diputada Meier.
Las cifras que dan marco a esta preocupación son contundentes. De Enero a Abril de 2017 una mujer murió cada 18 horas en el país, la mayoría no supera los 30 años de edad. «En nuestro país muere más de una mujer por día muere asesinada por el simple hecho de ser mujer. Por eso necesitamos declarar que es una cuestión de emergencia» afirma la diputada del Frente Social y Popular.
El proyecto establece la duración de la emergencia en un plazo de 2 años, pero prorrogable por 2 años prorrogable por otros 2 años «si subsisten las causas que dieron origen a la misma».
En la ley se establece que a los fines de cumplimentar el objetivo de la misma se deberán asignar partidas presupuestarias específicas y se faculta al ejecutivo para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas.
Entre las principales medidas que impulsa el proyecto de ley se insta a implementar el Plan Provincial de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres previsto por el artículo 9º inciso a) de la Ley Provincial Nro. 13.348 de «Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales», que ya se encuentra vigente.
Entre las medidas sobresale la propuesta de crear centros de día y refugios, distribuidos territorialmente, «como instancias de tránsito para la asistencia y alojamiento de mujeres víctimas de violencia en los casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad o la de sus hijos».
También tiene lugar en el proyecto los problemas que atraviesan las mujeres víctimas de violencia cuando quieren dejar la casa que habitan junto al violento. En este aspecto se propone implementar en los planes de viviendas sociales –a nivel provincial y municipal- un cupo especial destinado a las mujeres en situación de violencia de género, implementar un sistema de garantías para la locación de inmuebles destinados a la vivienda de mujeres en situación de violencia, para los casos en los que deban abandonarla ante el riesgo corrido en su integridad o la de sus hijos y generar a través de las entidades de crédito estatales, como el Banco Municipal de Rosario o entidades financieras con las que se pueda realizar convenios, una línea de créditos hipotecarios preferenciales, para compra, construcción y refacción de viviendas, destinado a las mujeres en situación de violencia.
Según datos de la Asociación Civil «La Casa del Encuentro», confeccionados a partir de los casos publicados en medios masivos de comunicación entre 2008 y 2017, la cifra que refleja las muertes de mujeres por motivos de género ha crecido año a año. Según estas fuentes, desde el 1 de enero hasta el 28 de mayo de 2017 hubo 133 femicidios en la Argentina, de los cuales el 18% había realizado denuncia previa, el 9% tenían medidas de protección. El 23% estuvieron desaparecidas.
En Rosario, por ejemplo, si bien no se cuenta con registros de muertes por motivos de género, contamos los datos aportados por la Unidad especializada en violencia de género, recientemente creada dentro del Ministerio Público de la Acusación, informo que desde el 10/2/14 -fecha de puesta en marcha del nuevo sistema penal- a la fecha se iniciaron aproximadamente 5.000 causas por delitos cometidos en un contexto de violencia hacia las mujeres, en un promedio de 150 denuncias semanales y 600 mensuales, aproximadamente. De los datos recabados surge que la amplia mayoría de los hechos tienen como agresor a la pareja o ex pareja de la mujer (95% en los casos de femicidio).
Sobre esto Meier afirma que «ante una agresión sexual o un femicidio, que es la forma fatal en que termina una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, existen diferentes actores con distintos grados de responsabilidad. Está el o los hombres que cometen en concreto el hecho, y dándole marco en un grado superior de responsabilidad también está el sistema y el Estado que constantemente nos fallan a las mujeres o aparecen de la peor manera: denuncias que no se toman, órdenes de restricción que no se cumplen, violadores que salen en libertad, profesionales que encubren o que no tienen formación en la problemática, leyes que no se aplican, presupuesto escaso o inexistente, medios de comunicación que fomentan una opinión pública de culpabilizar a las víctimas, políticos que miran para otro lado o con posturas machistas.
Sobre dispositivos que ayuden a prevenir la violencia el proyecto desarrolla la necesidad de implementar un sistema de «brazalete» o «tobillera» electrónica para casos de restricción, el incremento de la cantidad de dispositivos de alarma denominados «botón antipánico» y la realización de capacitaciones dirigidas a funcionarios/as y empleados/as administrativos/as y judiciales y a las fuerzas policiales para la actuación en los casos de violencia de género.
La diputada provincial afirma además que ante la falta de políticas públicas efectivas «las mujeres nos hemos venido organizando y protagonizando luchas por nuestros derechos inéditas en el mundo. Desde los Encuentros Nacionales de Mujeres, que han sido el germen de muchos movimientos de mujeres en el país, así como de reclamos de políticas específicas, hasta las masivas movilizaciones del Ni una menos o el contundente paro nacional de mujeres de este año». Y concluye que es a raíz de la organización de las mujeres y sus movimientos que «se han puesto sobre la mesa nuestros problemas como mujeres, y a partir de esas luchas hemos avanzado en la implementación de políticas públicas»
El proyecto expresa en varios de sus artículos la necesidad de que se cumpla de manera urgente con lo ya establecido en la legislación vigente y que aún en la Provincia de Santa Fe no se aplica.
«Para que la legislación no quede en letra muerta, es necesario destinar todo el presupuesto que haga falta, y de manera urgente», concluye Meier.