El debate iniciado con el cambio de gobierno de la provincia, y teñido por una interminable transición política y administrativa, agrava día a día los padecimientos de las grandes mayorías de Santa Fe.

En medio de una disputa por el balance de los números de las arcas provinciales entre la administración saliente y la entrante, han quedado los trabajadores y trabajadoras provinciales, las cuentas de municipios y comunas, los trabajadores de la obra pública y muchos planes (que funcionaban y otros que se prometían iniciar) en áreas tan sensibles como la salud, la educación o las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes.

La muestra más cruda de esa situación es la insignificante y provocadora oferta de aumento salarial de 3% a las y los docentes provinciales que, con una votación y una movilización histórica, han demostrado no estar dispuestos a ser la variable de ajuste ni la prenda de guerra de las disputas políticas actuales. Propuesta que afecta también a los jubilados a los que les correspondería apenas un 1,5% de aumento en un momento en que la inflación sigue avanzando a paso firme.

Algo similar manifiestan los más de 5000 trabajadores de la construcción que en estos días se movilizan y cortan las rutas provinciales para visibilizar la falta de trabajo y los despidos generados por la paralización de la obra pública, uno de los principales motores y dinamizadores económicos de cualquier estado.

Ese debate hoy toma la forma de la discusión por la llamada “Ley de Necesidad Pública” por la que el gobierno de Omar Perotti pretende endeudar a la provincia en $27 mil millones, darle poderes “extraordinarios” al ejecutivo para disponer del uso de esos fondos, de “revisar” y reorientar los contratos de la obra pública y de elementos para las fuerzas de seguridad, así como de disponer de fondos extras para repartir en comunas y municipios.

Mientras chantajea a la oposición planteando que es imposible gobernar sin esa ley aprobada, extorsiona también al pueblo santafesino asegurando que si la norma no entra en vigencia no se podrán llevar adelante políticas urgentes y necesarias como la implementación del Boleto Educativo Gratuito Universal, el reequipamiento de los hospitales, el congelamiento de tarifas, el aprovisionamiento de comedores o el aumento de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

Es momento que la discusión política en Santa Fe deje de ocuparse de los balances, las transiciones y las culpas políticas, entre quienes gobernaron y quienes gobiernan y avance en resolver las necesidades de las grandes mayorías.

Por otro lado los argumentos que apuntan a una provincia sin fondos, quebrada o desbastada, que necesita endeudarse nuevamente en 27 mil millones de pesos, son inverosímiles en una provincia rica como Santa Fe por donde fluye la producción agrícolaganadera, donde se baten todos los récords históricos de exportación y donde sectores concentrados de la economía reportan ganancias fabulosas.

Mientras en la ley solo se destinan 5000 millones para la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria, se deja a disposición del ejecutivo más de $20 mil millones, (que más allá de las formalidades), se transforman en una caja negra de financiamiento político y discrecional.

A lo que habría que agregar los $15.000 millones extra que el Presupuesto de Santa Fe no contempla y la provincia tendrá por la Ley de Solidaridad y la adhesión al nuevo Pacto Fiscal que sellaron los gobernadores con Alberto Fernández en diciembre.

Estamos de acuerdo en que hay que resolver y atender las emergencias que vive nuestro pueblo, por eso asistimos con agrado hace unos meses a la sanción de una reforma impositiva que se orientaba en el rumbo correcto, hacer pagar más a los que más tienen.

Sin embargo dijimos en aquella oportunidad, y lo ratificamos a la luz de la situación actual, que era una reforma tímida, que arañaba algunas migajas a los sectores que vienen ganando fortunas desde hace años en Santa Fe.

Ratificamos la necesidad de que la valentía política y el afán de mejorar la vida de los habitantes de la provincia prime por sobre las disputas políticas y los intereses mezquinos y que por una vez no sean los trabajadores y trabajadores y las mayorías quienes soporten sobre sus hombros el peso insoportable de la supuesta falta de recursos.