Escribe: Rosana Menendez, integrante de Amas de Casa del País, psicóloga.

El abuso y la violencia sexual es una de las peores vulneraciones que puede sufrir una niña, un niño o un/a adolescente. Este hecho aberrante, cometido generalmente por una persona adulta perteneciente al círculo familiar o íntimo de la víctima, es un delito definido por el Código Penal a partir del art. 119 y ss. Y como delito, en cualquiera de sus modalidades típicas, debe ser investigado por la Justicia, que es el poder estatal con competencia para ello y cuya función es indelegable.

De cada 1000 casos de abuso sexual sobre la infancia, son denunciados 100, y de esos, menos de 3 llegan a sentencia. De esa sentencia sólo el uno y algo por ciento son condenatorios.
En este contexto, venimos asistiendo al avance de expresiones y acciones de parte de quienes deben velar por el bienestar integral de la infancia, que van en detrimento de los derechos conquistados, establecidos incluso, en tratados internacionales.

Estas peligrosas manifestaciones tienen sus raíces en prejuicios y estereotipos, que banalizan, naturalizan, y tergiversan las consecuencias devastadoras que el abuso sexual imprime en la vida de las víctimas; niegan las experiencias de mujeres y niños y desvían la responsabilidad de los agresores.

Se suele acusar a las víctimas de precipitar las acciones sufridas, siendo el ejemplo más frecuente de esto la violación. Se llega a llamar provocadoras a las mujeres víctimas de abuso o de violación, e incluso a las niñas, bajo la conocida lógica condensada en los enunciados “por algo será”, o “ella se lo buscó”; la aplicación del falso SAP (síndrome de alienación parental), la figura de “desahogo sexual”; la provocadora incitación de un fiscal invitándonos a armarnos para defendernos de la violencia hacia las mujeres; el aval a los argumentos sobre la incapacidad de los agresores de distinguir lo que está mal, y muchas otras cosas más, fortalecen y reproducen las distintas modalidades de violencia que nos mantienen oprimidas.

Desnudar la matriz profunda y atroz del abuso sexual sobre la infancia, es una lucha larga, dolorosa y resistida, que se sostiene en la valentía de miles de mujeres que se animaron a denunciar, haciendo públicas las aberraciones sufridas, soportando muchas veces estigmatización, discriminación y más violencia. El movimiento de mujeres y muchos actores sociales, van tomando el tema comprometidamente; en algunos casos a costos altísimos, poniendo el cuerpo, como es el caso de la docente Vanesa Castillo, asesinada por un sicario, por denunciar al abusador de una alumna.

La psicóloga Betina Calvi sostiene que “una cuestión fundamental a considerar la constituye el acto de la denuncia, es decir, el quiebre del pacto de silencio al que los abusadores someten a sus víctimas. La denuncia, ese pasaje de lo privado a lo público, implica el primer acto de resistencia frente a la violencia del abusador. Si el abuso es reconocido como un delito desde el discurso social, y castigado con la pena que la ley estipule, entonces el procesamiento del mismo en el psiquismo de la víctima tendrá otras posibilidades.”

Vanesa hizo lo que tenía que hacer. El Estado la abandonó .
QUE DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL A LA INFANCIA NO NOS CUESTE LA VIDA